La provisión de medicamentos de alto costo para
patologías graves, poco frecuentes o de baja incidencia constituye uno de los
puntos sensibles en la respuesta que debe sostener el sistema público de salud.
En estos casos, una demora administrativa no representa solo una dificultad de
gestión: puede implicar la interrupción de un tratamiento indispensable para la
vida de un paciente. Así lo manifestó la ministra de Salud de la Provincia de
Santa Fe, Silvia Ciancio, al presentar un informe sobre la situación del
sistema público provincial, en el que advirtió sobre el impacto que genera la
falta de respuesta oportuna del Gobierno nacional en este tipo de coberturas.
“Para dimensionar esta situación tenemos que pensar que ante cada negativa o
cada respuesta que no llega a tiempo, hay un paciente que no recibe la
medicación que necesita”, señaló.
Gestiones que no se traducen en entregas
Uno de los circuitos en los que esta situación se expresa con mayor
claridad es el de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria
(Dinadic), que gestiona medicamentos o tecnologías sanitarias para pacientes
sin cobertura con enfermedad terminal o patología crónica grave. Los datos
expuestos por la cartera sanitaria santafesina muestran que, lejos de mejorar,
la respuesta se deterioró durante el último año.
En 2024, la Provincia envió 451 gestiones a Nación; 337 fueron aprobadas y solo
126 se concretaron en entregas. En 2025, en cambio, las gestiones ascendieron a
680 y las aprobaciones a 482, pero las entregas efectivas cayeron a 67. De este
modo, aunque Santa Fe realizó más trámites y obtuvo más solicitudes aprobadas,
el 86 % no se tradujo en una respuesta concreta, frente al 63 % registrado el
año anterior.
Para dimensionar el impacto de esta situación, la ministra mencionó el caso de
una paciente de 3 años con leucemia linfoblástica aguda, atendida en un efector
público de la ciudad de Santa Fe: ante la falta de respuesta de Nación, la
Provincia se hizo cargo de la compra de la medicación necesaria por un valor de
$ 283.696.000.
Coberturas demoradas y tratamientos en
riesgo
La situación también alcanza a pacientes beneficiarios de pensiones nacionales
no contributivas, cuya cobertura depende del Programa Incluir Salud. En estos
casos, las demoras o la falta de proveedor asignado afectan tanto a los
medicamentos de alto costo y baja incidencia como a distintos insumos para
estas patologías, entre ellos sillas de ruedas, implantes cocleares, audífonos
y equipamiento ortopédico.
En ese marco, Ciancio advirtió que se trata de una situación extrema, ya que
muchos de estos pacientes tienen alguna discapacidad y no reciben sus
tratamientos en forma regular. Como ejemplo, mencionó el caso de un paciente
del sur provincial, de 45 años de edad, con diagnóstico de hemofilia, para
quien la Provincia debió adquirir medicación con Factor VIII por un monto de $
606.475.270 ante la falta de respuesta nacional.
Sobre este escenario, la ministra apuntó que “las gestiones administrativas no
tienen una respuesta concreta muchas veces y eso es lo más grave que tenemos
respecto del Gobierno nacional: lo impredecible, por eso hablamos de un
escenario inédito, en un momento además donde el usuario, el santafesino, la
santafesina elige el sistema de salud pública y encuentra una respuesta”.
Planificación provincial
Frente a este contexto, el Gobierno de Santa Fe ya puso en marcha para
este año una licitación para la compra de medicamentos de alto costo, con un
presupuesto de $ 13.064.590.705,26. El proceso contempla 49 productos
farmacéuticos y recibió 15 ofertas, que actualmente se encuentran en análisis
técnico hasta su adjudicación.
La medida forma parte de la planificación provincial para sostener tratamientos
que no pueden quedar sujetos a la incertidumbre administrativa. En ese sentido,
Ciancio remarcó que la respuesta del Estado santafesino no puede leerse como un
gasto aislado, sino como una prioridad sanitaria que obliga a reorganizar
recursos para garantizar el acceso. “Para el Gobierno de la Provincia atender
estos casos no es un gasto, pero nos obliga a una reingeniería de nuestro
presupuesto a la hora de planificar la política de salud”, afirmó.