Funcionarios del Gobierno de Santa Fe ampliaron este
lunes la información vinculada a la comunicación dirigida a las familias ante
los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos, en
particular aquellos asociados a carteles, pintadas y mensajes que simulan
tiroteos. Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales y
económicas de estas conductas: “No se trata de una broma, se trata de un
delito”, recordaron.
El detalle se brindó en una conferencia realizada en el Salón Auditorio
de la Casa de Gobierno, encabezada por la vocera provincial, Virginia
Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y
Seguridad, Pablo Cococcioni, además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana
Olguín.
Prevención y rol de
las familias
En ese marco, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad
educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos
directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en
las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de
convivencia escolar.
Asimismo, la cartera educativa pidió reforzar el diálogo en los hogares
y alertó sobre las consecuencias de estas conductas. Goity señaló que, tras lo
ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se detectaron
nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que “alteran el funcionamiento
normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”.
El ministro indicó que durante la última semana se trabajó en contacto
permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en
cada situación. Además, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con
pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.
“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el
Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino
también para sus familias”, afirmó Goity, quien convocó a construir una
“alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”.
En la misma línea, destacó la implementación del Programa de Educación
Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de
dispositivos y redes sociales. También mencionó las rondas de convivencia, los
espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos
fenómenos.
65 incidencias en un
día
Por su parte, Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se
trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos
digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el
Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante
amenazas concretas mediante llamados o mensajes.
El ministro precisó que “solo el viernes de la semana pasada se
registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la
provincia”, lo que activa distintos protocolos de intervención.
En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se
realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros
elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por
edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la
imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para
viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de
medidas judiciales.
Consecuencias legales y económicas
Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes
intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación
pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.
“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego
son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, sostuvo
Cococcioni. En ese sentido, remarcó que cada intervención implica un costo
operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras
tareas de seguridad.
Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de
Justicia y Seguridad avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en
coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el
resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los
responsables.
Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de
entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los
responsables identificados en cada caso”, afirmó.
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abril 20, 2026
El Mensajero del Norte
