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abril 22, 2026
El Mensajero del Norte
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El pasado 20 de abril el ministro de Justicia y
Seguridad Pablo Cococcioni dictó la Directiva N° 05/2026, mediante la cual
instruyó a la Subsecretaría Legal y Técnica, a cargo de la Abogada Blanca
Diakaki, a iniciar de manera inmediata las acciones administrativas y
judiciales necesarias -en coordinación con Fiscalía de Estado- para el recupero
y resarcimiento de los gastos ocasionados al Estado provincial.
Como resultado de las investigaciones llevadas adelante por la Policía
de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la
Provincia ya logró identificar a varios responsables de estos hechos, todos
ellos menores de edad. En consecuencia, se iniciará el proceso de recupero de
costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo
contra los adultos responsables.
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158
intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148
ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21. Cada uno de estos operativos
implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de
los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados.
El procedimiento de recupero se activa una vez identificados los
responsables, momento en el cual se inicia un proceso administrativo de
relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente
individual por cada caso. Posteriormente, se libra una intimación formal de
pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo perentorio para
cumplir con la obligación.
En caso de incumplimiento, se da intervención a Fiscalía de Estado para
la promoción de las acciones judiciales correspondientes, lo que puede derivar
en reclamos patrimoniales con más intereses, costas y gastos.
No son bromas
Desde el Gobierno provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su
impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos
críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata
de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”. Además agregaron
que “dependiendo de la zona y el despliegue del operativo, el costo del
resarcimiento puede ascender a cifras mucho más altas que esos 6 millones”. Y
remarcaron que “la idea es recuperar lo que la provincia gasta en cada
operativo, no es una sanción accesoria al delito sino un resarcimiento civil
dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores. Esta es una acción
paralela a la cuestión penal por lo que no es necesario esperar ninguna
sentencia”.
En ese sentido, se reiteró que las amenazas en ámbitos escolares
constituyen conductas tipificadas en el Código Penal y que, además de las
responsabilidades penales que pudieran corresponder, generan consecuencias
económicas que serán reclamadas por el Estado.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de
las familias y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.
